La fiscalía general del Estado de Morelos presentó su Programa Institucional 2026-2030, estrategia con la que busca fortalecer la procuración de justicia, mejorar la atención a víctimas y reducir la impunidad en la entidad durante los próximos cuatro años.
El proyecto fue dado a conocer por el fiscal general Fernando Blumenkron Escobar ante la gobernadora Margarita González Saravia, así como legisladores, magistrados, representantes de seguridad y personal de la dependencia.
Durante su intervención, el fiscal reconoció que en los primeros seis meses de gestión se han enfrentado diversos retos, aunque aseguró que se trabaja en la consolidación de una fiscalía más sólida mediante una revisión profunda de cada una de sus áreas.
Blumenkron Escobar explicó que el programa establece objetivos, estrategias, líneas de acción e instrumentos de evaluación enfocados en incrementar la efectividad en la persecución de delitos, fortalecer las capacidades ministeriales y de investigación, reducir el rezago de carpetas y recuperar la confianza ciudadana.
“El objetivo es medir avances, corregir si es necesario y garantizar resultados concretos para la ciudadanía”, señaló el fiscal al destacar que cada meta contará con indicadores, responsables y plazos específicos.
Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia afirmó que las modificaciones impulsadas dentro de la institución permitirán mejorar los tiempos de investigación y aumentar la efectividad judicial, además de fortalecer la confianza de la población en las autoridades de justicia.
La mandataria también reconoció que la falta de coordinación entre instituciones en años anteriores afectó gravemente al estado, aunque destacó que actualmente existe una etapa de colaboración más sólida entre las distintas áreas de seguridad.
El Programa Institucional 2026-2030 contempla cinco ejes principales: una fiscalía con sentido humano enfocada en la atención digna y empática a víctimas; una fiscalía cercana a la ciudadanía mediante la colaboración interinstitucional; eficiencia ministerial orientada a combatir la impunidad; justicia con perspectiva de género y atención diferenciada a grupos vulnerables; así como modernización administrativa con transparencia y rendición de cuentas.
